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¿Tienes un vecino que no paga la comunidad?

  • Categoría de la entrada:Curiosidades

El pasado 15 de junio de 2022 se publicó en el BOE la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Gobierno aprobó esta última modificación con el objetivo de potenciar las rehabilitaciones para optimizar la eficiencia energética del edificio, o a la implantación de fuentes de energía renovable de uso común.

Algunas de las medidas que afectan directamente a las comunidades de propietarios son:

  • El fondo de reserva de las comunidades de propietarios podrá destinarse para realizar obras de accesibilidad y de eficiencia energética.
  • El voto favorable de la mayoría simple de los propietarios para la aprobación de las obras relacionadas con la mejora de la eficiencia energética del edificio.

Morosos. Artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal

Además de la optimización de la eficiencia energética, la reforma también incluye la posibilidad de que la comunidad de propietarios pueda acordar medidas disuasorias frente a la morosidad durante el tiempo en que se permanezca en esa situación.

En este sentido, el artículo 21 de la citada Ley señala lo siguiente:

La junta de propietarios podrá acordar medidas disuasorias frente a la morosidad por el tiempo en que se permanezca en dicha situación, tales como el establecimiento de intereses superiores al interés legal o la privación temporal del uso de servicios o instalaciones, siempre que no puedan reputarse abusivas o desproporcionadas o que afecten a la habitabilidad de los inmuebles.

Estas medidas no podrán tener en ningún caso carácter retroactivo y podrán incluirse en los estatutos de la comunidad. En todo caso, los créditos a favor de la comunidad devengarán intereses desde el momento en que deba efectuarse el pago correspondiente y éste no se haga efectivo”.

La norma también establece la posibilidad de que se puedan reclamar todos los gastos y costes que conlleve la reclamación de la deuda, incluidos los derivados de la intervención del secretario administrador.

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